El pasado viernes 3 de diciembre por la tarde se produjo una situación increible en los aeropuertos españoles. De repente la gran mayoría de los controladores aereos alegando enfermedad abandonó sus puestos de trabajo. Un absentismo laboral en masa que provocó el cierre del espacio aereo españoll, desatando un caos masivo que no sólo obligó a la cancelación de todos los vuelos sino que provocó que muchas personas quedaran encerradas en los aeropuertos sin poder volar, en medio de una indignación brutal.
El Gobierno reaccionó inmediatamente creando un gabinete de crisis y José Blanco, ministro de Fomento, dio un ultimátum a los controladores para que depusieran su actitud so pena de transferir al ministerio de Defensa el control del espacio aereo español. Los controladores hicieron caso omiso de la amenaza y el gobierno procedió a la militarización del espacio aereo. Sin embergo, la crisis no se desbloqueó pues los controladores militares no poseen la licencia que expide la UE para poder operar vuelos comerciales y no pudieron hacer nada. El Gobierno se planteó una medida excepcional que jamás se había tomado en democracia: la declaración del Estado de Alarma. Finalmente, a la mañana del día siguiente el Consejo de Ministros declaró por primera vez desde 1977 el Estado de Alarma instando a los controladores a regresar inmediatamente a sus puestos de trabajo, poniéndose al servicio del Ejército bajo amenaza de ser juzgados por un delito de sedición contemplado en el código de justicia militar con una pena de hasta 8 años de cárcel. Sólo entonces reaccionaron, deponiendo su actitud y volviendo en masa a sus puestos de trabajo. La situación quedó desbloqueada y los aeropuertos recuperaron la normalidad 24 horas después.
La decisión de declarar el Estado de Alerta ha sido la correcta. El Gobierno ha acertado porque ha servido para hallar solución a una situación que degeneraba por momentos y que amenazaba con convertirse en una auténtica catástrofe nacional, una catástrofe económica para un país que ya se encuentra en una situación económica muy complicada. Ahora bien, la utilidad del estado de alarma ha sido puntual y por tanto no debería prororrgarse durante quince días más porque la situación ya no es excepcional. Ha habido controladores que no abandonaron sus puestos de trabajo y que por tanto no incurrieron en responsabilidades penales, listos para operar junto con los militares encargados del control de los aeropuertos.
A los responsables de esta situación habrá que castigarlos con todo el peso de la ley e imponerles las sanciones que establezca la misma. El Gobierno debe convocar más plazas para cubrir las vacantes dejadas por los controladores rebeldes y una vez nuevos controladores hayan sido nombrados, la situación ya se habrá normalizado por completo. Los problemas en los aeropuertos protagonizados ora por controladores ora por pilotos han sido una constante durante todo el período democrático y treinta años soportando a un colectivo elitista y privilegiado, un colectivo que no se puede considerar de trabajadores porque no forma parte de los sindicatos mayoritarios ha acabado por desbordar el vaso. José Blanco fue el primero en poner los puntos sobre las ies a los controladores y debe valorarse su valentía para solucionar esta situación, pero también su ineficacia para encontrar soluciones que desbloquearan el conflicto hasta la fecha.
Los controladores no han hecho huelga, derecho constitucionalmente reconocido, porque de lo contrario hubieran avisado. Han incurrido en absentismo laboral y eso en un Estado de Derecho es delito y de los gordos...
Los controladores no han hecho huelga, derecho constitucionalmente reconocido, porque de lo contrario hubieran avisado. Han incurrido en absentismo laboral y eso en un Estado de Derecho es delito y de los gordos...
No hay comentarios:
Publicar un comentario