El desprestigio del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional ha vuelto a aparecer de nuevo en el centro de la polémica. Desde hace aproximadamente cuatro años el alto tribunal se ha visto sacudido por varios episodios que lo han sumido en una espectauclar espiral de desprestigio que parece no tener fin. Así pues, a dia de hoy la imagen del TC ha alcanzado tal grado de deterioro que se ha situado en una dimensión más propia de una democracia bananera latinoamericana que de una democracia europea.

El recuros presentado por el PP, el Defensor del Pueblo y varios gobiernos autonómicos contra el Estatut de Catalunya creó una grave fractura en el seno de la institución de la que ya no se ha recuperado. Recusaciones de varios magistrados y el fallecimiento de uno de ellos dejó el tribunal operativo en apenas diez miembros frente a los doce que tiene. El TC fue objeto de una politización y de una absurda lucha partidista entre PSOE y PP por su control y por el deseo de imponer sus tesis, a la hora de la verdad como se ha visto idénticas, que provocó la deslegitimación de varios magistrados que quedaron con sus mandatos caducados y sin poder ser sustituidos lo que a su vez ahondó en el terrible desprestigio de una de las instituciones más importantes de nuestro país: el único intérprete de la Constitución y garante de la sumisión de las leyes a la norma fundamental que es nuestra carta magna.

Tras la resolución de los recursos interpuestos contra el Estatuto de Catalunya se intentó abrir una nueva etapa en el TC con el objetivo de recuperar el prestigio perdido por la institución. El Senado eligió a cuatro nuevos magistrados destinados a suceder a aquellos que llevaban tres años con el mandato caducado entre los que se encontraba la presidenta Maria Emilia Casas. Y fue nombrado nuevo presidente Pascual Sala, pero en realidad la situación no ha cambiado en el seno del TC que sigue sumido en el desprestigio tras la decisión de autorizar la concurrencia de Bildu a las pasadas elecciones municipales y forales. Y por si fuera poco la situación alcanzó su punto más bajo al conocerse que hay otros cuatro maigstrados cuyo mandato ha caducado y el Congreso no ha procedido aún a su sustitución. Dos de estos magistrados, Elisa Pérez Vera y Eugeni Gay, decidieron forzar la renovación de la institución presentando su dimisión. De este modo dejaban al tribunal con tan sólo ocho magistrados hábiles, el quórum mínimo fijado por la LOTC para su funcionamiento. Sin embargo Pascual Sala no aceptó la renuncia de ambos magistrados y este funciona actualmente con el mandato caducado de cuatro de sus magistrados y con una vacante sin cubrir desde hace dos años tras el fallecimiento del magistrado Javier Conde.

Urge una reforma a fondo de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) para poner punto y final al desprestigio de esta institución impropio de un país europeo como España. Cada minuto que pasa con el TC en la situación actual la Constitución también se desprestigia porque un tribunal con la composición que tiene el actual TC es absolutamente incapaz de intepretar, garantizar y proteger adecuadamente nuestra carta magna. El primer punto hacia el que habría que dirigir esta reforma a fondo del TC pasaría por descentralizar el conocimiento de los recursos de amparo con la creación en el seno del tribunal de una sala especial de magistrados encargados única y exclusivamente de resolver dichos recursos. De esta manera se evitaría o al menos paliaría en gran medida el colpaso que sufre desde hace décadas el tribunal para que pudiera dictar sentencia en los plazos establecidos en la ley, puesto que es impropio de un país democrático y europeo como el nuestro que el TC tarde nada más y nada menos que diez años en dictar una sentencia como ha sucedido en varias ocasiones. Y en segundo lugar para salvaguardar al tribunal de la politización que lo paraliza y degrada garantizando su independencia todos sus miembros deberían ser elegidos por el CGPJ institución que a su misma vez también tendría que experimentar una profunda renovación. Los cargos judiciales elegidos por el poder judicial y libres de interferencias de los poderes ejecutivo y legislativo.