Polèmica amb la PIRMI

Ha esclatat una polèmica relacionada amb la Prestació d'Inserció Mínima (PIRMI). A finals de juliol es va saber que 40.000 persones amb dret a cobrar la PIRMI encara no l'hvien rebuda donat que la conselleria de Benestar Social i Famínia havia canviat els criteris per procedir al seu pagament passant de la transferència bancària al pagament mitjançant xec bancari a domicili. La PIRMI es una renda mensual que cobren aquelles persones que no poden justificar l'exsitència d'altres ingressos i que te com a finalitat evitar que els seus perceptors puguin caure en situacions de pobresa extrema i per tant en risc d'exclusió social. Tenint en compte la situació actual de greu crisi econòmica els seus perceptors han augmentat considerablement i la quantitat que ha de destinar la Generalitat a aquest concepte lògicament es major toti itenint en compte la gravetat en l'estat de les seves finances.

El departament dirigit per Josep Lluis Cleries va procedir a realitzar una investigació sobre els perceptors de la PIRMI i va descobirir que hi havia un elevat grau de casos de frau relacionat amb persones que havien retornat als seus paisos d'orígen i seguien cobrant la prestació. Per aquest fet es va decidir canviar el criteri de pagament i comprobar un per un els casos per veure si realment reunien els requisits per cobrar la prestació, fet que va provocar el lògic retard que tot i que va causar notables perjudicis a les persones que només reben la prestació anar casa per casa era la única manera de demostrar o no l'existència del frau abans mencionat. Els tres partits que conformaven l'anterior govern (PSC, ERC i ICV-EUIA) van posar el crit al cel i van aconseguir forçar la compareixença al Parlament dels consellers Josep Lluis Cleries i Francesc Xavier Mena que van donar les explicacions adequades i van sortir-ne airosos. S'ha de tenir molta barra per acusar l'actual govern de la situació viscuda amb el PIRMI quan en son ells els causants per la seva manca de rigor al permetre que la percebessin aquells que no reunien els requisits, en concret l'anterior consellera Carme Capdevila d'ERC.

Per tal d'evitar situacions de frau i la utilització ineficient de recursos públics el govern va procedir a la reforma de la PIRMI. S'ha limitat la quantia de la prestació al salari mínim, s'ha ampliat a dos anys el període mínim de residència al nostre pais per poder cobrar-la i es limita la seva percepció a 60 mensualitats que equivalen a un total de cinc anys. Tots ells son canvis necessaris per assegurar que qui ha de rebre realment la prestació la rebi evitant situacions de frau.

Elecciones Generales

El Presidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero ha anunciado su intención de disolver las cámaras a finales de septiembre y convocar Elecciones Generales anticipadas para el próximo 20 de noviembre. Hubiera correspondido su celebración en marzo del año próximo pero era un secreto a voces que la legislatura estaba más que agotada tras la decisión de Rodríguez Zapatero de no presentarse de nuevo a los comicios, la derrota del PSOE en las pasadas elecciones autonómicas y la nominación de Alfredo Pérez Rubalcaba como candidato socialista a dichos comicios.

Por otra parte la gravedad de la situación económica del país y la aparente incapacidad del gobierno actual para enfrentarse a la misma evidenciaban que España necesitaba la celebración urgente de elecciones elegir un nuevo gobierno capaz de superar la situación actual de parálisis. Haber alargado la legislatura hasta su último suspiro con la excusa de aprobar los presupuestos del año próximo hubiera sido altamente perjudicial para el país. Sin embargo es una mala decisión esperar hasta finales de septiembre para disolver las cámaras y convocar elecciones, puesto que habida cuenta de la gravedad de la situación actual estas deben celebrarse cuanto antes y si tenemos en cuenta que el plazo legal que permite su celebración es de sesenta días entre convocatoria y celebración no habría que haberlas demorado más y haberlas celebrado en septiembre. Con esta errónea decisión, esperemos que la última que toma Zapatero, se comete una grave irresponsabilidad pues se abre un período de interinidad muy largo que abunda en la desconfianza de los mercados y que puede conducir hacia la desestabilización de nuestra economía.

Camps dimite

El pasado 15 de julio la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) decidió la apertura de juicio contra el Presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y otros imputados por la rama valenciana del caso Gurtel como es el caso del ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, junto a Victor Campos y Rafael Betoret. Dicha deicisón supuso un auténtico mazazo para Francisco Camps que desde el primer momento defendió a capa y espada su inocencia. Tras un amago de pagar la multa para evitar el juicio finalmente Camps decidió presentar su dimisión tras haber sido reelegido como presidente por tercera vez consecutiva apenas un mes y medio antes. El PP de la Comunidad Valenciana propuso al alcalde de Castellón, Alberto Fabra, como candidato a la presidencia de la comunidad siendo elegido como tal por les Corts valencianes sólo con los votos del PP mientras PSOE, IU y Compromís votaron en contra.

Desde el primer momento en que se conoció la imputación de Camps en el caso Gurtel el hasta ahora Presidente de la Generalitat Valenciana ha defendido a capa y espada su inocencia, pero ha sido incapaz de defenderse con claridad aportando las pruebas para ello. No ha sido capaz de presentar las facturas que hubieran demostrado su inocencia, si la opinión publica hubiera visto en ellas que Camps pagó de su boslillo sus trajes y que no se los pagó el cerebro de la trama valenciana de la red Gurtel a cambio de obtener contratos por parte de la Generalitat. Ya en su momento el juez José Flors decidió la aperutra de juicio pero entonces la sala de lo contencioso-administrativo del TSJCV decidió el archivo del caso por cuatro votso a favor y dos en contra, pues en contra de la opinión del juez los magistrados no apreciaron indicios suficientes para llevar a juicio a los imputados. Sin embargo el PSPV decidió presentar un recurso de casacción contra la decisión del TSJCV ante el Tribunal Supremo que la más alta instancia judicial española estimó favorablemente ordenando al TSJCV la reapertura del caso. El juez Flors decidió de nuevo llevar el caso a juicio y esta vez la sala de lo contencioso-administrativo ordenó la apertura de juicio. No es la primera vez que un presidente de una comunidad autònoma ejerce su cargo con una imputación judicial a cuestas, pero no es nada habitual que haya tenido que ejercer su cargo e ir a juicio simultáneamente, sólo lo hizo Juan José Ibarretxe y salió victorioso. A Camps se le hacía muy dificil salir absuelto de  este juicio pues debía enfrentarse a un jurado popular y ya se sabe que cuando se deja la justicia en manos del pueblo prima el sentimiento por encima de la racionalidad (creo que debería ser suprimida la institución del jurado popular porque el pueblo carece de los conocimientos necesarios como para poder impartir justicia). Entonces se enfrentaba a la disyuntiva de afrontar el juicio y ser condenado siendo presidente o bien pagar la multa y aparecer ante la opinión publica como un culpable que reconoce su culpabilidad. Y finalmente decidió renunciar a su cargo y enfrentarse al juicio. Si se probase su inocencia entonces sería rehabilitado en algún cargo dentro de la dirección estatal del PP.

Cambio de gobierno

El pasado 10 de julio el candidato socialista a la presidencia del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba anunció su dimisión como ministro del Interior y portavoz gubernamental para poder dedicarse plenamente a la campaña electoral. Este hecho supuso la apertura de una crisis de gobierno que se saldó tres días después con el nombramiento del secretario de Estado Antonio Camacho comi nuevo ministro del Interior así como del actual ministro de Fomento José Blanco como portavoz del gobierno.

Tras la proclamación de Alfredo Pérez Rubalcaba como candidato socialista en el seno de varios sectores del PSOE se habían levantado voces que ahondaban en la necesidad de que el candidato abandonase sus responsabilidades ministeriales para poderse dedicar plenamente a las elecciones. Rubalcaba ha hecho caso a las peticiones de dichos sectores con lo cual ahora podrá desplegar una estrategia que le permita aparecer ante los ciudadanos relativamente limpio del lastre que supone haber pertenecido a los gobiernos de Zapatero, ahondando en los apsectos positivos del mismo que son precisamente fruto de su propia gestión como son los logros en la lucha contra ETA. El éxito de dicha estrategia dependerá de su capacidad para presentar un discurso autónomo y novedoso pero sobretodo creible.

Por lo que respecta al cambio de gobierno ha sido de impacto y consecuencias limitadas destinado puramente a cubrir las vacantes ministeriales dejadas por el candidato. Como ministro del Interior ha sido ascendido el hasta ahora secretario de Seguridad, Antonio Camacho, sobre quien recaen las sospechas de haber ordenado el chivatazo del bar Faisán en la anterior tregua decretada por la banda terrorista. Y como portavoz del gobierno ha sido ascendido el ministro de Fomento, José Blanco, una persona que no destaca precisamente ni por su moderación ni diplomacia. Signos de los estertores del final de una etapa...

La llei òmnibus

La cimera contra la crisi celebrada el passat 25 de març va tenir com una de les seves conclusions més destacades la necessitat d'aprovar una nova normativa legal que es traduïs en una simplificació de l'estructura administrativa aixi com l'agilització dels tràmits burocràtics a fi de facilitar i estimular l'activitat econòmica. Aquesta conclusió es va traduir en el projecte de llei conegut com a llei Òmnibus que en un total de 610 articles simplifica l'estructura administrativa de la Generalitat de Catalunya tot eliminant i refundint organismes, redueix tràmits burocràtics i promou mesures destinades a afavorir la reactivació de l'activitat econòmica. La llei òmnibus suposa la modificació directa de 80 lleis aprovades pels diferents governs de la Generalitat circumstància que la converteix en la major obra legislativa d'ençà el restabliment de l'autogovern català. L'excepcionalitat de la greu situació de crisi per la qual està passant Catalunya justifica al meu parer la necessitat d'aquesta llei ja que seria abslutament ineficient, inútil i costós haver de reformar totes les lleis afectades una per una. Tanmateix trenta anys després del restabliment del nostre autogovern convé fer una reivisió i conseguent posada al dia de l'estrcutrua administrativa de la Generalitat,ja que hi ha organismes que es solapen i fan les mateixes funcions o be no tenen ben definides les seves atribucions i no es coneix ni quina funció fan ni si serveixen per alguna cosa. En una situació com l'actual no ens ho podem permetre pas i per tant cal suprimir aqueslls òrgans prescindibles i refusionar les seves atribucions amb d'altres òrgans. Amb aquestes mesures la Generalitat estalviarà una quantitat important de diners, reduirà el seu elevat dèficit del 3,9% que va deixar l'anterior govern i a més podrà dur a terme la seva tasca de servei als ciutadans de manera més àgil i òptima. Dins d'aquest apartat com a mesures mes destacades s'aposta per la reducció dels membres que composen el Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) dels 12 actuals a un total de 5 aixi com reduir també la composició dels membres de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) dels 12 actuals a també un total de 5. També es preveu una redefinició de les funcions del Consell Català de la Cultura i les Arts absolutament necessària, ja que fins ara no s'ha vist amb claredat activitat alguna per part dels seus membres coneguts per les seves baralles que al  seu dia van forçar la dimissió del seu president Xavier Bru de Sala. La reducció dels membres del CAC i del CCMA també es positiva ja que aquest fet no va en detriment de la seva pluralitat interna.

Pel que fa a l'agilització i reducció de tràmits burocràtics es pretén incentivar l'activitat econòmica preveient la llei la supressió de l'informe previ d'impacte medioambiental abans de constituïr qualsevol empresa mesura que malgrat pretengui afavorir l'activitat emprenedora no em sembla gens positiva i que per tant suposa un retrocés. I dins de les mesures destinades a afavorir l'activitat econòmica pròpiament dita trobem una barreja de mesures com la supressió de l'obligatorietat imposada per l'anterior govern de posar en situació de lloguer forçós els habitatges buits, la circulació de vehicles i motocicletes per camins rurals on abans no podien circular, la desprotecció d'una part del parc natural del Cap de Creus, la supressió de la Llei de Barris aprovada per l'anterior govern amb l'objectiu de millorar els barris i pobles desafavorits així com la possibilitat de que els hospitals públics puguin cedir les seves instalacions a centres sanitaris privats.

Es evident donçs que l'apartat de mesures destinades a la promoció econòmica comporta l'aspecte més polèmic d'aquesta llei òmnibus. Per una banda resulta positiu que s'elimini la obligatorietat de situar en lloguer forços els habitatges buits que tenen un propietari definit, però per altra banda no resulta gens positiu i diu ben poc de la sensibilitat medioambiental de l'actual govern aspectes com la descatalogació d'una zona protegida del cap de Creus o be el fet de permetre la circulació de vehicles i motocicletes per zones rurals on abans no hi podien circular. Amb mesures d'aquest tipus s'afavoreix el talibanisme de determinades formacions com ICV-EUIA que s'apropien del medi ambient com si fos únicament cosa seva. Tampoc es bona la derogació d'una de les poques mesures positives de l'anterior govern com la Llei de Barris però la mesura més polèmica de totes quantes conformen la llei òmnibus es la cessió d'instalacions de centres sanitaris publics a centres privats. Malgrat aquest fet pugui suposar una font d'ingressos per a l'ICS no es acceptable que quan s'estan reduïnt instalacions dels centres sanitaris públics com efecte de les retallades derivades de la crisi es doni la opció als centres sanitaris privats de disposar de les mateixes, la qual cosa dona la impressió de que l'actual conseller de Salut, Boi Ruiz, està tractant d'afavorir a determinades empreses del ram de la salut. No debades hem de recordar que procedeix de la patronal privada d'hospitals. 

La llei òmnibus es absolutament necessària però conté determinats aspectes polèmics que no son acceptables i que han de ser modificats al llarg de la seva tramitació parlamentària. Les forces polítiques que van constituir l'anterior govern han estat absolutament crítiques amb la llei perquè consideren que es carrega la seva obra de govern. Tal i com va ser presentada inicialment la llei hauria estat aprovada amb els vots de CIU, PP i Democràcia Catalana però per tal d'ampliar els seus suports el govern ha decidit dividir-la en tres projectes de llei (simplificació administrativa, agilització de tràmits burocràtics i mesures de promoció econòmica) aixi com modificar la Llei d'Urbanisme de Catalunya, la llei del Consell de l'Audiovisual de Catalunya i de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Després d'aquest canvi d'estratègia es altament previsible que el govern sumi als seus suports inicials el recolzament de PSC i ERC mentre ICV-EUIA es mantindrà en una posició absolutament tancada i contrària a totes les modificacions. Els ecosocialistes pretenen així guanyar vots de socialistes i republicans tot atrinxerant-se en una posició d'esquerres de debó, però tot i així no deixa de ser necessari el canvi dels aspectes relacionats amb les mesures de promoció econòmica anteriorment esmentats.

La SGAE se queda con el culo al aire

El pasado 1 de julio saltó la sorpresa. Tras haber ganado las elecciones celebradas el día anterior la policía registraba la sede de la Sociedad General de Autores (SGAE) y arrestaba a su presidente Eduardo Bautista más conocido como Teddy. Bautista, antiguo integrante del conocido grupo musical los canarios, está acusado de un delito de apropiación indebida por haber desviado el dinero que percibía la SGAE en concepto de derechos de autores hacia fines de naturaleza privada en colaboración con el videpresidente de la entidad Eduardo Neri.

La SGAE es una entidad que nació a inicios del siglo XX con el propósito de gestionar el cobro de derechos de autor en un primer momento de compositores de zarzuelas y coplas para extenderse posteriormente a autores de obras escritas. En unos tiempos dificiles en los que los autores vivían en la mas pura de las bohemias miserables el hecho de percibir vitaliciamente una cantidad fija por la venta de sus obras no solo dignificaba su existencia sino que también era un acto de justicia que premiaba su esfuerzo. Sin embargo la llegada de Bautista en 1995 a la dirección de la SGAE pervirtió notablemente la naturaleza de esta entidad que pasó a convertirse en un agresivo y estridente sindicato de defensa de los intereses de los artistas que de artistas pasaron a convertirse en titiriteros habida cuenta del odio que adquirió esta entidad entre los ciudadanos. La estrecha complicidad entre los titiriteros y el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, anteriormente habían destacado por su apoyo a IU, se tradujo en medidas favorables a este colectivo pero muy perjudiciales para la ciudadanía como la introducción de un impuesto especial en forma de cánon (cánon digital) para la compra de aparatos de reproducción digital en compensación por los efectos de la piratería. Este hecho trasladó a la ciudadanía la impresión de que estaba siendo vampirizada por una pandilla de golfos, los titiriteros, quienes suplían su mala profesionalidad como actores viviendo de suculentas y generosas contrapartidas a cambio de su apoyo al poder establecido. E incluso se llegó a sustituir a un buen ministro de cultura como César Antonio Molina por la mala cineasta Ángeles González Sinde.

Pero la codicia de la SGAE alcanzó su límite cuando se conoció que recaptan un cánon por el uso de la televisión en los hospitales publicos, que visitan comercios para exigir a sus propietarios un cánon por encender la radio o que incluso han llegado a extorsionar a municipios como Almagro o Fuenteovejuna para cobrar una cantidad por las concoidas representaciones teatrales que se escenifican en ellos. Todas ellas actividades que traspasan claramente el límite de la finalidad que debería tener una entidad como la SGAE y que se ha acabado por convertir en una amenaza para los ciudadanos. Pero al final la verdad ha acabado por triunfar: el pastel se ha destapado, el cánon digital ha sido suprimido, Eduardo Bautista ha tenido que abandonar su cargo y ahora los españoles ya podremos domir tranquilos porque la SGAE ya no volverá a robarnos.

Alfredo Pérez Riubalcaba candidato socialista

Finalmente tal y como se esperaba no ha habido sopresas y Alfredo Pérez Rubalcaba ha sido proclamado oficialmente candidato del PSOE a las próximas Elecciones Generales poniendo punto y final a la era Zapatero. Tras la espantada de Carme Chacón el anuncio de que el candidato socialista iba a ser elegido mediante un procedimiento de elecciones primarias ha quedado como agua de borrajas y como mera propaganda cosmética, pues ayudado por el aparato del partido Rubalcaba había presentado un numero exhorbitante de avales y el resto de posibles aspirantes no ha llegado ni de lejos al 20% de avales necesarios requeridos para poder aspirar a las primarias. Existía la posibilidad de que pudiera haber una sorpresa y que uno de los aspirantes pudiera recoger los avales necesarios como protesta ante la falsedad de unos comicios internos previamente decididos y cocinados. Pero no ha sido así y el resultado de ello ha sido que el PSOE ha dado la espalda al movimiento social de los indignados entre cuyas demandas se encuentra una mejora de la democracia interna en los partidos políticos. Solicitar avales para concurrir a un proceso de elección interna es antidemocrático pues al mismo debe aspirar cualquier militante: sin ningun tipo de filtros ni cortapisas.

Con respecto a Alfredo Pérez Rubalcaba es una persona de larga y dilatada trayectoria política que ha ocupado cargos de responsabilidad tanto en los gobiernos de Felipe González como de José Luís Rodríguez Zapatero. Y entonces como ahora su mayor protagonismo tuvo lugar en los momentos de mayor dificultad para ambos gobiernos, pero su actuación no se ha visto exenta de polémica como cuando tras los atentados del 11 de marzo de 2004 se le acusó de haber manipulado el clima emocional previo a la cita electoral con el objetivo de lograr la victoria de Zapatero. En los gobiernos de este ha tenido un papel clave en la lucha contra ETA siendo uno de los artífices del actual estado de debilitamiento de la banda terrorista. Y en medio de la descomposición de la etapa Zapatero se ha encontrado solo ante las adversas circunstancias como la persona más adecuada para hacerles frente, habida cuenta de su seriedad y experiencia frente a los miembros de la generación Zapatero. La mangintud del reto que debe afrontar es colosal y las posibilidades de darle un vuelco bastante escasas pues la herencia que Zapatero deja a Rubalcaba es muy dura y este no puede hacer ver como si no hubiera estado en sus  gobiernos, pero si es capaz de presentar una propuesta original y creible en forma de enmienda a la totalidad a la etapa Zapatero aun puede tener esperanzas.

El desprestigio del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional ha vuelto a aparecer de nuevo en el centro de la polémica. Desde hace aproximadamente cuatro años el alto tribunal se ha visto sacudido por varios episodios que lo han sumido en una espectauclar espiral de desprestigio que parece no tener fin. Así pues, a dia de hoy la imagen del TC ha alcanzado tal grado de deterioro que se ha situado en una dimensión más propia de una democracia bananera latinoamericana que de una democracia europea.

El recuros presentado por el PP, el Defensor del Pueblo y varios gobiernos autonómicos contra el Estatut de Catalunya creó una grave fractura en el seno de la institución de la que ya no se ha recuperado. Recusaciones de varios magistrados y el fallecimiento de uno de ellos dejó el tribunal operativo en apenas diez miembros frente a los doce que tiene. El TC fue objeto de una politización y de una absurda lucha partidista entre PSOE y PP por su control y por el deseo de imponer sus tesis, a la hora de la verdad como se ha visto idénticas, que provocó la deslegitimación de varios magistrados que quedaron con sus mandatos caducados y sin poder ser sustituidos lo que a su vez ahondó en el terrible desprestigio de una de las instituciones más importantes de nuestro país: el único intérprete de la Constitución y garante de la sumisión de las leyes a la norma fundamental que es nuestra carta magna.

Tras la resolución de los recursos interpuestos contra el Estatuto de Catalunya se intentó abrir una nueva etapa en el TC con el objetivo de recuperar el prestigio perdido por la institución. El Senado eligió a cuatro nuevos magistrados destinados a suceder a aquellos que llevaban tres años con el mandato caducado entre los que se encontraba la presidenta Maria Emilia Casas. Y fue nombrado nuevo presidente Pascual Sala, pero en realidad la situación no ha cambiado en el seno del TC que sigue sumido en el desprestigio tras la decisión de autorizar la concurrencia de Bildu a las pasadas elecciones municipales y forales. Y por si fuera poco la situación alcanzó su punto más bajo al conocerse que hay otros cuatro maigstrados cuyo mandato ha caducado y el Congreso no ha procedido aún a su sustitución. Dos de estos magistrados, Elisa Pérez Vera y Eugeni Gay, decidieron forzar la renovación de la institución presentando su dimisión. De este modo dejaban al tribunal con tan sólo ocho magistrados hábiles, el quórum mínimo fijado por la LOTC para su funcionamiento. Sin embargo Pascual Sala no aceptó la renuncia de ambos magistrados y este funciona actualmente con el mandato caducado de cuatro de sus magistrados y con una vacante sin cubrir desde hace dos años tras el fallecimiento del magistrado Javier Conde.

Urge una reforma a fondo de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) para poner punto y final al desprestigio de esta institución impropio de un país europeo como España. Cada minuto que pasa con el TC en la situación actual la Constitución también se desprestigia porque un tribunal con la composición que tiene el actual TC es absolutamente incapaz de intepretar, garantizar y proteger adecuadamente nuestra carta magna. El primer punto hacia el que habría que dirigir esta reforma a fondo del TC pasaría por descentralizar el conocimiento de los recursos de amparo con la creación en el seno del tribunal de una sala especial de magistrados encargados única y exclusivamente de resolver dichos recursos. De esta manera se evitaría o al menos paliaría en gran medida el colpaso que sufre desde hace décadas el tribunal para que pudiera dictar sentencia en los plazos establecidos en la ley, puesto que es impropio de un país democrático y europeo como el nuestro que el TC tarde nada más y nada menos que diez años en dictar una sentencia como ha sucedido en varias ocasiones. Y en segundo lugar para salvaguardar al tribunal de la politización que lo paraliza y degrada garantizando su independencia todos sus miembros deberían ser elegidos por el CGPJ institución que a su misma vez también tendría que experimentar una profunda renovación. Los cargos judiciales elegidos por el poder judicial y libres de interferencias de los poderes ejecutivo y legislativo.