El caso Palma Arena, uno de los mútiples casos de corrupción que han salpicado a las Islas Baleares a lo largo de su etapa de autogobierno, está formado por múltiples piezas separadas que tienen por nexo común el saqueo del erario publico balear realizado por el ex presidente autonómico Jaume Matas durante la etapa de gobiernos populares sucedida entre 2003 y 2007. Hasta ahora este caso de corrupción tenía como aspectos más destacados el sobrecoste cobrado irregularmente por varios altos cargos del PP balear en relación con las obras del velódromo Palma Arena, o el despilfarro realizado por el propio Matas en relación con la rehabilitación de un palacete gótico situado en el casco antiguo de Palma. Un auténtico juicio a una etapa de ignominia y corrupción que pese a su carácter escandaloso, situación que justifica su relevancia nacional, parecía centrarse estrictamente en el ámbito balear hasta que uno de los tentáculos de esta hidra mallorquina llamada Palma Arena ha salpicado a quien menos se esperaba: al duque de Palma y esposo de la infanta Cristina de Borbón don Iñaki Urdangarín.
El duque de Palma creó en 2004 junto a su socio Diego Torres una consultora sin ánimo de lucro denominada Noos dedicada a la asesoría en relación con asuntos deportivos y la organización de eventos deportivos. Hasta ahi todo correcto pues la condición de Urdanagarín como miembro de la Corona le obliga a la imparcialidad y a dedicarse única y exclusivamente a la agenda oficial que junto a su esposa le corresponde como duque de Palma: todo lo más a proyectos de carácter benéfico como parecía ser el de Noos dedicado a la promoción del deporte. Pero Urdanagarín cruzó la línea roja que ningún miembro de la realeza puede traspasar al percibir dinero de parte del gobierno balear por la organización de sendos eventos deportivos durante los años 2005 y 2006 por los que su socio y él percibieron un total de 2.300.000 euros. Dichos eventos fueron adjudicados directamente y sin concurso con la mediación del destacado dirigente del PP balear, amigo de Urdanagarín y ex regatista Jose Luís Ballester. Se calcula que el sobrecoste relacionado entre el coste real del evento y su coste ficticio es de dos millones de euros. De esta manera quedaba desmontada la pantalla usada por Urdangarín para realizar negocios que perjudican y comrpometen gravemente la imagen de la Corona, así como la imagen de respetabilidad que parecía haberse granjeado el Duque de Palma desde su boda con la infanta Cristina en 1997 frente a la imagen frívola y superficial exhibida por su ex cuñado Jaime de Marichalar.¿Conocía la infanta las actividades ilícitas de su marido? Se desconoce pero si fuera así podría verse también salpicada por el asunto, ya que si bien al contrario de su esposo no aparecería como autora de un ilícito penal ante la opinión publica su imágen se vería igualmente dañada y de manera irreparable pues sería vista como cómplice y colaboradora necesaria de las actividades de Urdanagarín.
Hasta la fecha este artículo se ha referido única y exclusivamente a hechos demostrados judicialmente, aparecidos en documentos judiciales que en este caso son los autos realizados por el juez José Castro. De momento el juez solo ha imputado a Diego Torres pero todo parece indicar por la magnitud de los hechos relatados que Iñaki Urdangarín será también imputado y por ende llamdo a declarar. Sería el primer escándalo que afectaría a la Corona desde su reinstauración en 1975 , ya que por primera vez en democracia un miembro de la familia real se vería involucrado en un caso de corrupción. Por ahora la casa de S.M el Rey no ha hechio declaración publica alguna señalando que no comenta las declaraciones aparecidas en prensa, no son declaraciones sino autos judiciales, y que por tanto permanece a la espera de acontecimientos. De asunto estrictamente balear el caso Palma Arena amenaza con convertirse en asunto nacional y por tanto en un auténtico escándalo con letras mayúsculas que marca la trayectoria de un régimen. Así pues el caso Palma Arena puede representar para la monarquía parlamentaria un grave e irreparable descrédito como supuso para la II Republica el caso Strauss & Perle en 1935. La monarquía parlamentaria que ha dado a España la más próspera y estable etapa de progreso de nuestra historia colectiva se enfrenta ahora a uno de sus desafíos más importantes. ¿Será capaz de echar por la borda todo su prestigio por la conducta irregular de uno de sus miembros? Yo no lo creo así que como es probable que Iñaki Urdanagarín sea acusado por la comisión de varios delitos (prevaricación, malversación de causales publicos y fraude a la Administración) más vale adelantarse a los acontecimientos y limitar los daños potenciales que pudiera tener esta situación. Quizás la solución sería aislar al mal antes de que metastasice y ello pasa por expulsar a Iñaki Urdanagarín de la familia real (que no la represente en ningún acto publico), retirarle el título de duque de Palma (una ciudad tan bonita no merece ver mancillado su honor y reputación por un supuesto granuja ya que la nobleza distingue cualidades humanas completmante opuestas al latrocinio) e incluso la posibilidad por parte de la infanta Cristina de divorciarse de su marido a modo de cortafuegos para evitar que pueda verse afectada por el escándalo.
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